El Estado no puede delegar derechos: el acceso al transporte para personas con discapacidad es una obligación estatal.

Desde Aisdro, Asdra y la Red T21 expresamos nuestra preocupación ante las modificaciones en el esquema de cobertura de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad. Estas implican trasladar a las empresas de transporte una responsabilidad que corresponde al Estado nacional como garante de derechos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, con jerarquía constitucional en Argentina, establece obligaciones claras para los Estados. Estas incluyen garantizar el acceso en igualdad de condiciones al transporte (art. 9), asegurar la movilidad personal (art. 20) y proteger frente a los costos adicionales vinculados al ejercicio de derechos (art. 28).

En este marco, el acceso al transporte no constituye un beneficio discrecional ni una concesión del mercado, sino una política pública derivada de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. El principio que sostiene este sistema es el de igualdad real, por el cual los Estados deben adoptar medidas que compensen las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad y asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos.

Al respecto, la presidenta de Asdra, Valeria Follonier, señaló que “los derechos de las personas con discapacidad no pueden depender de la capacidad de pago de los usuarios ni de decisiones aisladas del mercado, sino que deben ser garantizados por el Estado como obligación jurídica y no como concesión”. En este sentido, reafirmamos que el rol estatal es indelegable en la garantía del acceso al transporte en condiciones de igualdad.

Desde Aisdro, junto con Asdra y la red T21 queremos señalar además que venimos solicitando instancias de diálogo con los organismos de decisión. El objetivo es aportar la experiencia de trabajo sostenido en la temática y contribuir a soluciones que resguarden el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Por ello, solicitamos que cualquier modificación del sistema preserve el rol indelegable del Estado como garante del derecho al transporte accesible. Esto debe evitar retrocesos en materia de igualdad y derechos humanos.