El proyecto de modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad va contra la salud, la autonomía y la legislación internacional

Desde Aisdro y Red T21 manifestamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio frente al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que propone modificar aspectos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las medidas planteadas, como el reempadronamiento obligatorio en plazos acotados, la incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal, y la eliminación de herramientas de actualización y financiamiento, implican un grave retroceso en materia de derechos para las personas con discapacidad.

En cuanto a prestaciones, la eliminación del nomenclador único, herramienta que garantiza criterios equitativos en el acceso a terapias y apoyos, representa un riesgo crítico para la sostenibilidad del sistema. Liberar el nomenclador implica que cada obra social o prepaga establezca valores y condiciones de manera discrecional, generando profundas desigualdades en el acceso a las prestaciones básicas. Esto no solo pone en jaque la continuidad de numerosas instituciones y profesionales, sino que también deja a las personas con discapacidad sujetas a la capacidad económica de sus familias para sostener tratamientos esenciales.

En relación a la incompatibilidad entre pensión y empleo formal desalienta la inserción laboral y retrocede años de avances en políticas de inclusión. Asimismo, los mecanismos de auditoría y suspensión automática generan incertidumbre y ponen en riesgo la continuidad de ingresos esenciales para una población históricamente vulnerada. Recordamos que las pensiones por discapacidad son cobradas por una porción mínima de beneficiarios, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y no por la totalidad de las personas con Certificado Único de Discapacidad.

Estas modificaciones no solo desconocen las realidades sociales, económicas y territoriales de miles de personas, sino que además vulneran principios fundamentales establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha ratificado y tiene jerarquía constitucional. En particular, se ven afectados derechos vinculados a la inclusión laboral, la autonomía personal y el acceso a condiciones de vida dignas.

“Se trata de decisiones con consecuencias concretas y profundamente regresivas para las personas con discapacidad. Muchas no podrán acceder en tiempo y forma a las auditorías o procesos de reempadronamiento por barreras geográficas, económicas o de accesibilidad, lo que podría derivar en la suspensión automática de sus pensiones. En numerosos casos, también habrá interrupción de tratamientos, terapias y apoyos esenciales para su desarrollo y bienestar. La pérdida de estos recursos no solo deteriora la salud física y mental, sino que puede generar mayores niveles de dependencia, retrocesos en la autonomía lograda y un agravamiento de las condiciones de vida.” Explicó Valeria Follonier, presidenta de ASDRA.

Por todo esto, solicitamos que no se avance con este proyecto en los términos planteados y que se abra un espacio de diálogo real y participativo con las organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias.

Nos unimos a todas las organizaciones, colectivos y referentes que están alzando su voz en defensa de los derechos adquiridos.